Durante mucho tiempo México contó con un sistema político sui generis. Como en pocos países, el nuestro tuvo un sistema de partidos hegemónico, en el que la voz que se escuchaba en los distintos órganos y órdenes de gobierno era solamente la de PRI y sus antecesores, el PNR y el PRM. Gracias a la lucha de miles de hombres y mujeres, poco a poco se lograron avances en la consolidación de una democracia verdadera. El argumento que durante décadas hicieron valer, con toda justicia, era el de construir instituciones que permitieran competencias electorales con equidad.
Lo consiguieron con creces. Tanto así, que el otrora partido invencible fue derrotado en las elecciones del 2000, consiguiendo la anhelada alternancia. En 1997, el propio PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Ese mismo año, el PRD obtuvo el triunfo en las elecciones para elegir al primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Tiempo atrás se constituyeron el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral como órganos especializados en la materia y autónomos en sus decisiones. Durante la década de los sesenta se adoptó un sistema electoral mixto en el que se dio cabida a legisladores de partidos que, sin haber obtenido ningún triunfo directo en las urnas, pudieran representar los intereses de importantes sectores de la población. Todo ello en nombre de la democracia y la equidad.
Por todo esto, resulta paradójico que miembros distinguidos de partidos que lucharon por democratizar al país, hoy se opongan a reformas que buscan la equidad de las elecciones. Me refiero, por supuesto, a la incongruente y convenenciera discusión que líderes del PAN y del PRD han iniciado en torno a la eliminación de las candidaturas comunes en el Estado de México. Con argumentos mentirosos, ambos partidos acusan la supresión de su derecho a aliarse como coalición electoral y engañan a la ciudadanía cuando afirman que se trata de una reforma regresiva y perversa.
Perversos y regresivos son aquellos que olvidan su pasado como militantes de partidos socialistas de lucha y quienes, tal vez por su inexperiencia o falta de información, reniegan de lo que durante largos años buscaron los dirigentes de su partido. Pareciera que, empecinados la obtención del poder para su uso faccioso, Ortega y Nava están dispuestos a renegar de su propia historia.
La figura de la candidatura común, extinta en la legislación federal y en la de dos terceras partes de las entidades federativas, no busca otra cosa que reafirmar la equidad de los procesos electorales. ¿Es equitativo que para una elección se permita que varios partidos sumen los recursos públicos que se les entregan y cuenten con distintos representantes ante los órganos electorales, tantos como partidos integren dicha candidatura? Por supuesto que no. Por ello la eliminación de las candidaturas comunes que sólo minan la equidad de las contiendas.
La reforma en el Estado de México privilegia un valor fundamental de la democracia, al tiempo que fortalece la posibilidad de contar con alianzas electorales a través de las coaliciones. Amén de la incongruencia que implicaría una nueva alianza entre PAN y PRD, si la posibilidad de ello no se elimina en el Estado de México, ¿por qué esta reforma les causa tanto escozor a sus dirigentes? Porque con esto se entierra la virtual inequidad del proceso de la que ellos resultarían favorecidos. No les importa brindar una opción política seria y comprometida con los mexiquenses, sino más recursos para sus partidos y golpear la figura del político más aventajado no en las encuestas, sino en la preferencia de los ciudadanos. Equidad mientras me convenga. Si yo puedo tener ventaja sobre mi adversario, ¡hágase la democracia, pero en la yunta de mi compadre!
* Publicado en los diarios de Organización Editorial Mexicana el 4 de octubre de 2010.
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