El pasado 16 de agosto, en este mismo espacio, me referí a la presentación de un paquete de iniciativas legislativas en el Estado de México. Bautizada como la Agenda Legislativa del Bicentenario, dicho paquete contiene lo mismo propuestas para el fortalecimiento político, que de desarrollo económico, fomento al medio ambiente o apoyo a la ciencia y la tecnología. El contenido de las iniciativas es, cuando menos, novedoso, inteligente y visionario. Pero es también, como lo mencioné en aquella ocasión, reflejo de un verdadero y legítimo deseo por encontrar los mecanismos que más sirvan a impulsar el desarrollo de un pueblo como el mexiquense.
Desde la más elemental óptica política, cabe preguntarnos qué interés puede tener un gobernador como Enrique Peña Nieto para presentar una iniciativa cuyos frutos no serán cosechados durante su administración. Cuando estas iniciativas cristalicen, en el mejor de los casos, restarán algunos meses para la conclusión del actual gobierno local. La única respuesta lógica, pero sobre todo comprobable, es la de consolidar instituciones que permitan gobernar de manera más eficiente, construir mecanismos que fomenten el desarrollo económico de la entidad y generar leyes que promuevan mejoras sociales para la gente.
En el ámbito político, la Agenda Legislativa del Bicentenario contiene una propuesta que llama poderosamente la atención: la cláusula de gobernabilidad. Este mecanismo, el cual sólo puede presentarse en sistemas electorales donde existen la representación proporcional, esto es, los llamados diputados plurinominales, lo que busca es que el partido que haya obtenido una determinada votación, en este caso 37 por ciento o más, pueda alcanzar automáticamente la mayoría absoluta del Congreso, sumando el número necesario de diputados plurinominales para contar con cuando menos la mitad más uno de los legisladores locales.
Planteada de esta manera, la cláusula de gobernabilidad puede prestarse a diversas interpretaciones, la mayoría de ellas perversas. Sin embargo, su verdadera función dista mucho de este tipo de suspicacias. La cláusula de gobernabilidad no busca otra cosa que la de consolidar mayorías que permitan gobernar de mejor manera desde el Poder Legislativo.
Actualmente, el Congreso del Estado de México está compuesto por 75 legisladores, de los cuales 45 corresponden al principio de mayoría relativa, esto es, que fueron electos por los ciudadanos, y el resto a los llamados diputados plurinominales. Actualmente, más de la mitad de los legisladores, 39, pertenecen al PRI. De estos, los 39 fueron electos por los ciudadanos. El PRI, el partido del gobernador, no cuenta con un solo diputado plurinominal. En las elecciones locales del año pasado, los mexiquenses decidieron que el 86.7 por ciento de sus representantes electos directamente fueran priistas.
La representación proporcional constituye un esfuerzo por conseguir que no exista una sobre representación, al otorgar determinado número de escaños a aquellos partidos que no alcanzaron el triunfo en las urnas, pero que cuentan con una votación suficiente para contar con presencia en el órgano legislativo. En este sentido, nada mejor que contar con un mecanismo que asegure presencia y representación de las opciones políticas minoritarias, pero que también permita contar con instrumentos que generen mayorías que posibiliten gobernar de mejor manera.
La cláusula de gobernabilidad contemplada en la Agenda Legislativa del Bicentenario es una herramienta que permitirá contar con un Congreso que refleje de mejor manera los intereses y preferencias de los mexiquenses, al tiempo que fomentará la creación de mayorías legislativas naturales en pos de mejores leyes para la ciudadanía.
* Publicado en los diarios de Organización Editorial Mexicana el 30 de agosto de 2010.
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